El sistema judicial israelí fracasó en la defensa de los derechos de la minoría nacionalista
Contrariamente a lo que se suele sostener, el sistema judicial ha defendido los derechos individuales de personas seculares y antisionistas, pero actuó despóticamente con las poseedoras de inclinaciones tradicionalistas y nacionalistas.
Haciendo caso omiso de la libertad de expresión del público nacionalista, el tribunal derogó la ley destinada a regularizar el Arutz 7 y procesó a mis padres y a sus amigos por cargos penales.
Cuando el ministro de defensa Barak dejó sin efecto el carácter de Hesder de nuestra yeshivá a raíz de un cartel escrito por algunos de los alumnos, no hubo ningún asesor letrado que considerase que se trataba de una decisión ilógica y se pusiera de nuestro lado.
Nosotros no fuimos una minoría a la cual el sistema judicial protegió salvaguardando sus derechos. Por el contrario: por medio del violentamiento de los principios más profundos de la libertad de expresión y del respeto por la Kneset y sus leyes, el sistema judicial israelí fue un socio pleno de la discriminación ejercida en contra del público judío nacionalista.
Los representantes de la izquierda sostienen que, si bien los principios éticos del aparato judicial no son aceptados por la mayoría de la población, al preocuparse por los derechos individuales y de las minorías, resulta indispensable preservar su estatus preferencial.
Este argumento no puede ser aceptado por dos motivos. En primer lugar, la salvaguarda de los derechos de las minorías por parte del sistema judicial se lleva a cabo mediante un importante daño a la identidad judía del Estado de Israel, de su seguridad y de su capacidad de poblar el país. Ello conlleva un daño importante a la generalidad del pueblo de Israel y al derecho de la mayoría de concretar el sueño por el cual dio su vida.
En segundo lugar, el sistema judicial fracasó también ampliamente en la defensa de los derechos individuales. Si bien protegió los derechos de algunas minorías muy específicas, esto es, minorías por ser seculares y detentar ideas antisionistas y a veces antirreligiosas, y otras minorías en virtud de que eran no sionistas y a veces incluso contrarias al sionismo; por otra parte, otras minorías fueron discriminadas justamente por ser religiosas y sionistas. Más aun, en numerosas ocasiones procedió despóticamente y perjudicó a la mayoría nacional y tradicionalista. De todo esto surge la sospecha de que todo eso fue realizado en aras de preservar la hegemonía secular de la izquierda.
Por todo ello, resulta indispensable llevar a cabo una reforma general del aparato judicial.
Arutz 7
A los efectos de hacer memoria, quisiera recordar algo del dolor que el sistema judicial le infligió a mi círculo cercano por medio de una grosera discriminación que contó con la estrecha colaboración de sus diversas dependencias.
Durante años, el público religioso de derecha de Israel se sentía frustrado. Diversas voces eran escuchadas en los medios de comunicación, menos la suya. La izquierda dominaba los medios de comunicación contando para ello con el respaldo del aparato judicial. La estación de radio Arutz 7 surgió para hacer oír las voces de aquellos judíos que honran la Torá y la tradición judía, que se voluntarizan y se entregan abnegadamente en aras de la absorción de olim, el poblamiento del país y el enrolamiento al ejército.
A los efectos de respetar la ley y transmitir desde fuera de las aguas territoriales israelíes, Arutz 7 invirtió una fortuna para poder comprar una embarcación acorde a esas necesidades y mantenerla en funcionamiento. Arutz 7 fue especialmente estricto consigo mismo, y a diferencia de lo que solía hacer Abbie Nathan (un militante de extrema izquierda poseedor de una estación de radio flotante no autorizada), que a veces transmitía desde el barco cuando este anclaba en puerto, la nave “Eretz Hatzví” de Arutz 7 navegaba en el mar, maniobraba con el oleaje y transmitía desde altamar. Los directivos de Arutz 7 sabían que mientras Abbie Nathan transmitiese, ellos estarían cubiertos. Cuando este se agotó y dejó de transmitir, el sistema judicial comenzó a perseguir a Arutz 7.
A los efectos de regularizar las transmisiones de Arutz 7 y otras estaciones del sector jaredí, la Kneset promulgó una ley. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, sin ningún asidero en sus potestades establecidas por la ley, la derogó. En lugar de privilegiar el derecho fundamental a la libre expresión, la Suprema Corte prefirió los derechos de los dueños de las estaciones de radio regionales, y así, perpetuó el control de la izquierda sobre todos los medios de comunicación.
También los asesores letrados atentaron una y otra vez contra la iniciativa destinada a que Arutz 7 pudiera presentarse a la licitación de las estaciones de radio regionales. De ese modo, lograron posponer por muchos años la posibilidad de que se estableciese una radio que representase las posturas sionistas nacionales. Paralelamente, la fiscalía estimuló a la policía a encontrar pruebas culposas contra los directivos de Arutz 7 que se esforzaban por transmitir desde fuera de las aguas territoriales israelíes. En lugar de que el aparato judicial privilegiase la libre expresión como derecho fundamental y se ocupara de la regularización de las transmisiones del Arutz 7, hicieron todo lo posible por taparle la boca. Al final de cuentas, los directivos de la radio fueron llevados a juicio.
El juicio
Inocentemente, se tenía una cierta esperanza de que al final de cuentas el tribunal entendiera lo justa que resultaba la causa de la regularización de las transmisiones de Arutz 7, y que aunque decidiera dejarla sin efecto por medio de argumentos laterales, de todas maneras le exigiría al gobierno que regularizara las emisiones de manera legal. El juicio se prolongó por cinco años y fue sumamente oneroso. En la sala de las sesiones se pusieron al descubierto numerosas corruptelas de diferentes dependencias estatales. Uno de los testigos, un olé jadash sionista, contó que para acusar a Arutz 7, sus empleadores le obligaron a informar que las transmisiones afectaban el normal funcionamiento del aeropuerto de Lod. Tal como se fue desenvolviendo el juicio, cabía esperar que concluyera con una total o parcial absolución de los acusados. Ese era el pronóstico de algunos de los mejores abogados.
Finalmente, el 24 de Tishrei del 5764 los directivos de Arutz 7 fueron inculpados, encabezados por mi padre y maestro el Rabino Zalman Melamed y mi madre y maestra la Rabanit Shulamit Melamed. Junto a ellos, fue condenado Rabí Ya’akov Katz (Kátzale), un oficial que fuera gravemente herido en la guerra de Yom Kipur y que con el paso del tiempo llegaría a ser diputado y líder del partido Ijud Leumí. Fue condenado también Rabí Yoel Tzur, oficial en la reserva del ejército, que perdiera a su mujer y a su hijo en un sangriento atentado que tuviera lugar en las inmediaciones de Beit El. Junto a ellos, fueron sentenciados Jagai Segal, veterano director del departamento informativo de Arutz 7 y años después editor del periódico Makor Rishón, Adir Zik, de bendita memoria, y otras cuatro honorables personas.
Nosotros no fuimos una minoría a la cual el sistema judicial protegió ni salvaguardó sus derechos. Por el contrario: por medio del violentamiento de los principios más profundos de la libertad de expresión y del respeto por la Kneset y sus leyes, el sistema judicial israelí fue un socio pleno en la discriminación del público judío nacionalista.
La expulsión de Gush Katif
La historia de la expulsión de Gush Katif es conocida y por ende he de abreviar. El aparato judicial que extendió significativamente sus potestades a los efectos de proteger las casas y a los plantíos de los árabes, incluso al precio de asumir riesgos en el área de la seguridad, no salvaguardó los derechos individuales de los expulsados. Cabía esperar que exigiera demorar la expulsión hasta que cada desalojado tuviese una casa construida lista para habitar y además recibiese una compensación justa. Pero cuando se trató de judíos fieles, que en nombre del Estado de Israel se habían asentado legalmente en Gush Katif y se habían dedicado abnegadamente a poblar el país, fue justamente entonces que el sistema judicial y todas sus dependencias colaboraron estrechamente para afectar los derechos individuales y económicos, y aceptaron que la expulsión tuviera lugar sin ninguna solución habitacional razonable a la vista, ni contención alguna del sufrimiento de los desalojados.
Yeshivat Hesder Har Berajá
El 11 de Jeshván del 5770, durante el acto militar de declaración de fidelidad de los nuevos reclutas junto al Kotel, dos soldados del batallón Shimshón alzaron un cartel contrario a la participación de efectivos del ejército en la expulsión de colonos judíos. Uno de los soldados era de la Yeshivá de Har Berajá. Una semana después, escribí por propia iniciativa en esta columna que “a pesar de que a ojos de muchos de los miembros del público religioso de derecha se trata de una protesta legítima y honorable, y que es un honor estar entre quienes apoyan a soldados como estos…en la práctica no supe nada de lo que iba a acontecer”. Más aun, “Si me hubiesen consultado les habría recomendado abstenerse de hacerlo, pues solamente cuando se obliga a un soldado a colaborar con la expulsión este debe negarse a hacerlo, pero no tiene la obligación de protestar justo durante el acto de declaración de fidelidad”. Agregué, además, que “probablemente les habría disuadido de hacerlo ya que podía estimar que esa protesta generaría un gran descontento entre los comandantes directos de estos soldados”, pero a posteriori, una vez que la protesta ya tuvo lugar, “respeto su accionar y reconozco el beneficio resultante de protestas públicas de este tipo”.
El entonces ministro de defensa, Ehud Barak, exigió que condenara la protesta y firmara una carta redactada por otros rabinos en contra de manifestaciones de este tipo en el ejército. No accedí a firmarla por dos motivos. El sencillo, porque su estilo era demasiado duro para mi gusto. El de fondo, porque aunque el ministro de defensa me obligase a firmar el ‘Shemá Israel’, me negaría a hacerlo, ya que la independencia y la libertad son principios consagrados y cuánto más cuando se trata de un rabino que debe representar el legado sagrado de nuestro pueblo, y la obligación de manifestar su verdad interior y no expresar palabras de Torá bajo presión.
A raíz de ello, el ministro ordenó dejar sin efecto el estatus de nuestra Yeshivá de Har Berajá como yeshivat hesder (que funciona en coordinación con el ejército y sus alumnos sirven a la vez como reclutas en servicio obligatorio, N. de T.). El daño que se nos ocasionó fue muy grande desde todo punto de vista, y no es este el lugar para detallarlo.
En todo el magnífico sistema judicial israelí no fue posible encontrar una sola voz que me defendiese, no hubo un solo asesor letrado que le dijera al ministro de defensa que su decisión no era razonable. Hubo incluso quienes apelaron en nombre nuestro a la Suprema Corte de Justicia, pero esta no halló tiempo para intervenir en la decisión.
Cuando nosotros precisamos ayuda ante el despotismo gubernamental, el sistema judicial nos dio la espalda.
Las casas de la Úlpena
En el verano del 5772 la Suprema Corte de Justicia ordenó demoler las casas de la úlpena (colegio de mujeres) construidas por la Yeshivá de Beit El y parte de los apartamentos que habían sido vendidos a particulares. No es este el lugar para explicar las causas de por qué la construcción en Judea, Samaria y Gaza había sido llevada a cabo de un modo irregular, pero en términos generales, cabe decir que a raíz de las presiones internacionales, la construcción en esos territorios era impulsada por el gobierno a través de permisos parciales tras cuyo otorgamiento se edificaba, y una vez concluida la obra se actuaba a los efectos de regularizar lo construido.
Esta delicada situación fue aprovechada por las organizaciones de izquierda. Estas encontraron un árabe que sostuvo que parte de la tierra sobre la que estas casas fueron construidas le pertenecía, por lo que apelaron a la Suprema Corte de Justicia. Su propiedad sobre el terreno nunca fue aclarada, pero igualmente, la Suprema Corte aprovechó la declaración del gobierno de que “la construcción en tierra privada sería demolida” y ordenó destruir las casas de la Úlpena. Los representantes del gobierno pidieron reconsiderar la cuestión y regularizar las viviendas, pero el tribunal se obstinó en que fueran demolidas.
Si la suprema Corte se preocupase de los derechos individuales, entonces, en caso de que la propiedad del terreno por parte del árabe fuese comprobada, ordenaría indemnizarlo y no destruir las viviendas. Así procedió en los casos en los que árabes construyeron sobre tierras que se demostró que eran propiedad de judíos. Pero en este caso, no se preocupó por proteger los derechos individuales, ni a los colonos, y generó un enorme sufrimiento amén de una enorme crisis de confianza hacia las instituciones estatales en el seno de numerosos jóvenes.
En aquellos días, le propuse al ministro Mijael Eitán, quien viniera a conversar conmigo sobre la tensión generada en torno a la decisión de la Suprema Corte, que el primer ministro declarase que de ahora en adelante ante cada apelación que implique la destrucción de una vivienda se construirían diez en su lugar. El primer ministro asintió y emitió la declaración. La ejecución de las obras se demoró por años, hay quienes dicen que esas son las trabas burocráticas habituales que sufre el sector de la construcción en su conjunto. En la práctica, en lugar de las 28 casas destruidas hay en la actualidad 330 construidas. Además, la motivación por apelar contra la construcción quedó sin efecto cuando quienes la impulsaban cayeron en la cuenta de que el gobierno autorizaría diez casas por cada demolición.
Otras breves cuestiones
El sistema judicial no salvaguardó los derechos religiosos ni de conciencia de los soldados que fueron obligados a actuar en contra de sus creencias sirviendo en unidades mixtas y forzándolos a estar expuestos al canto femenino.
En lo que respecta a los y a las cantantes que pidieron cantar ante un público separado, el sistema judicial actuó despóticamente, negando a la minoría sus derechos, y peor aún, sostuvo que esta minoría adoptaba una conducta discriminatoria.
Reforma del aparato judicial
Este Shabat, al comienzo de la Parashá de la semana, aprenderemos sobre el precepto de establecer un sistema judicial judío, tal como fue dicho (Shemot-Éxodo 21:1): “Y éstas son las leyes que habrás de exponer ante ellos”. Cuanto menos, el texto indica que el sistema judicial debe actuar inspirado en valores judíos. Este principio está mencionado en la Declaratoria de la Independencia y fue reforzado en la Ley de los Fundamentos del Derecho del año 5740. Sin embargo, en la práctica, el sistema judicial dio las espaldas al legado tradicional judío y a los valores sionistas, y en su lugar, adoptó valores provenientes de otras culturas, que, con todas sus cualidades y virtudes, no dan una respuesta adecuada a nuestra aspiración nacional ni a los problemas particulares a los cuales nos enfrentamos.
